El Parlamento Europeo enviará una misión de parlamentarios a Cataluña durante el segundo semestre de 2023 para vigilar que se cumpla el porcentaje mínimo de un 25% de clases en castellano en las escuelas marcado por sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Dicha comitiva podría viajar a la comunidad catalana en diciembre de 2023, coincidiendo con la presidencia española de la Unión Europea.
Además de Ciudadanos Europa, el Partido Popular europeo y Vox Europa, esta misión también la pidió la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB). Las formaciones políticas constitucionalistas elevaron esta solicitud a Europa para que se analice «la violación de los derechos civiles de los alumnos que han solicitado judicialmente cursar sus estudios también en español y no solo en catalán, y que ven anulados sus derechos», ha explicado Ciudadanos Europa este martes.
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— AEB Catalunya (@AEBCatalunya) October 25, 2022
Varias de estas organizaciones explicaron su situación el pasado 12 de octubre en la Eurocámara en una jornada organizada por la eurodiputada vasca Maite Pagazaurtundua, de Renovar Europa, coincidiendo con el Día de la Hispanidad.
La AEB ha emitido a su vez un comunicado en el que ha celebrado que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo haya aceptado su denuncia sobre la política lingüística de las administraciones educativas catalanas, que «contempla al catalán como única lengua vehicular».
El Govern aprobó el decreto cuando faltaba tan solo un día para que expirase el plazo del TSJC para aplicar la sentencia del 25 % de castellano en las escuelas catalanas
La entidad ciudadana ha considerado que esta visita servirá para que los parlamentarios europeos conozcan «de primera mano la situación de la escuela catalana».
La lucha de Sociedad Civil Catalana, dentro de la plataforma Escuela de Todos, está dando sus frutos
La presidenta de Sociedad Civil Catalana (SCC), Elda Mata, ha explicado que en diciembre de 2021 la asociación ya viajó a Bruselas para entrevistarse con el comisario de Justicia, Didier Reynders, y "exponerle la gravedad de la situación en Cataluña a causa de la erosión sistemática del Estado de Derecho por parte de las instituciones autonómicas, que ni respetan el marco jurídico ni acatan las sentencias judiciales que exigen que el español sea también lengua de escolarización".
En ese momento, ha explicado Mata, SCC remitió a Reynders un informe sobre "la desertización judicial en Cataluña por el clima de coacción al que están sometidos jueces y fiscales en esta comunidad".
La presidenta de SCC ha puntualizado que "mientras el Gobierno de España mira hacia otro lado y elude su responsabilidad en la ejecución de las sentencias, los organismos de la Unión Europea han detectado la gravedad de la situación y están tomando cartas en el asunto. No dudamos que llegarán hasta el fondo e instarán a que en Cataluña también se cumpla la ley, como es preceptivo en cualquier Estado de Derecho en Europa".
Concluye Elda Mata que "la lucha de SCC, dentro de la plataforma Escuela de Todos, está dando sus frutos y representa una esperanza para todos aquellos que exigen que los derechos lingüísticos de los ciudadanos sean respetados también en Cataluña".
Aragonès en Bruselas
La semana pasada, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, pidió al president Pere Aragonès durante un encuentro en Bruselas (Bélgica) que su ejecutivo dé cumplimiento a la sentencia del TSJC del 25% de clases en castellano.
Desde el entorno del president, matizaron que Reynders le trasladó una petición genérica de que las leyes deben cumplirse. Según estas fuentes, la Generalitat lo está haciendo en virtud del acuerdo que suscribieron en sede parlamentaria ERC, Junts, PSC y los comuns para cambiar la ley.
A la espera de que el TC se pronuncie esta semana
El pleno del Tribunal Constitucional (TC) podría admitir este miércoles 26 de octubre a trámite la cuestión de inconstitucional que elevó el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) relativa a la ley para blindar el catalán en la escuela ante la sentencia del 25% en castellano.
El Alto Tribunal también debe pronunciarse sobre el fallo del 25%tras aceptar a trámite el recurso del PP y de Cs contra varios artículos del decreto que trasladan la responsabilidad de los proyectos lingüísticos a Educació. De esta forma, el Govern trataba de proteger a los directores de los centros docentes y evitar hablar de porcentajes lingüísticos.
El Govern aprobó el decreto cuando faltaba tan solo un día para que expirase el plazo del TSJC para aplicar la sentencia del 25 % de castellano en las escuelas catalanas.
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